A vueltas con la Administración...

Hace tan sólo unos cuantos días escribía sobre el hecho de que la Administración española continúa padeciendo de un cierto tic autoritario o, cuando menos, parece empantanada en unas prácticas anticuadas y nada compatibles con una sociedad democrática moderna. Pues bien, hoy mismo me acabo de topar con otro nuevo ejemplo de lo que estaba describiendo. Mi Documento Nacional de Identidad (DNI) está a punto de caducar y he de renovarlo, así que me dispuse a buscar información en la Internet sobre cómo podía hacerlo y en qué comisarías. A partir de ahí, pude imprimir un listado de todas las comisarías en la provincia de Sevilla adonde puedo acudir para renovarlo. Llamo a la más cercana y me dicen que para solicitar cita previa he de llamar a otro número distinto y muy amablemente me comunican el número (nótese que en otros países le hubieran ofrecido a uno la posibilidad de transferirle directamente al número en cuestión, pero ése es otro asunto). Llamo a ese otro número y me encuentro con un sistema completamente automatizado donde uno ha de entrar, en primer lugar, su número de DNI, después elegir la provincia donde desea renovarlo y, finalmente, la localidad. Por último, el sistema automatizado, ni corto ni perezoso, procede a pasarle a uno el día y la hora de la cita (en mi caso, el jueves, 17 de diciembre, a las 10:45). Se pregunta uno si nuestros funcionarios siquiera consideran la posibilidad de que los ciudadanos tengan unas obligaciones laborales que cumplir. Yo no acerté en ningún momento a oír opción alguna para ser yo quien pudiese elegir el día o la hora, aunque fuera de manera indicativa. No. De eso nada. La Administración me comunica el momento en que puede dignarse atenderme y yo, por mi parte, más vale que deje todo y atienda la llamada. Lo que decíamos: una actitud caduca y autoritaria.

Una Administración con hábitos anticuados y autoritarios.

A pesar de haber transcurrido ya más de treinta años de democracia, nuestra Administración continúa actuando de acuerdo a la filosofía según la cual el ciudadano está a su servicio, y no a la inversa. Supongo que se debe al hecho de que jamás se produjo una auténtica ruptura democrática, sino que más bien se llevó a cabo una transición en la que prácticamente todas las estructuras de poder del régimen franquista se mantuvieron intactas. Hubo reformas aquí y allá, pero en líneas generales todo el mundo seguía en el mismo sitio, sobre todo en los puestos medios e inferiores de la Administración (por no hablar de las fuerzas de seguridad del Estado).

Viene todo esto a cuento de, para que sirva como ilustración, una nota que me dejaron en casa la semana pasada haciéndome saber que se requería mi presencia en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla para el viernes, día 13 de noviembre. El problema es que, por motivos que no vienen a cuento, me he mudado recientemente y sólo aparezco por aquel domicilio entre dos y tres veces por semana. Sin embargo, el mismo martes, 10 de noviembre, sí que me había llegado por allí y no vi nota alguna. O, lo que es lo mismo, que la entregaron entre el miércoles y el jueves, concediéndome bien poco tiempo para cambiar mi agenda. Y ahí es precisamente donde quería incidir. Las oficinas de la Administración abren exclusivamente en horarios que dificultan enormemente las gestiones de los ciudadanos de a pie que tienen que cumplir con su propia jornada de trabajo (no entremos siquiera a comentar lo que esto supone para la productividad nacional, que suele encontrarse por los suelos), es lenta e ineficiente, obliga a realizar varias gestiones en lugares diferentes para hacer un solo trámite y, por si todo esto fuera poco, se cree con el derecho sacrosanto de imponer la hora y el día en que el ciudadano ha de realizar su gestión mediante un aviso previo que en ocasiones no va más allá de un día o dos. Por cierto, que en mi caso la notificación que dejaron en casa incluía un apartado donde, al menos en teoría, debieran haber escrito la fecha en que procedieron a entregarla. Sin embargo, estaba en blanco. Supongo que no querían dejar rastro alguno de su incompetencia. O lo que es lo mismo, subrayaron aún más mi indefensión ante sus medidas arbitrarias.

Esta anécdota que acabo de relatar (por cierto, para quien le pique la curiosidad, se trataba de una notificación para aparecer como testigo de cargo en una instrucción) es una de las muchas que cualquier españolito de a pie vive a menudo. Son casi continuas. Uno no entiende porqué es imposible todavía en este dichoso país pedir cita con el médico a las 19:00 ó 20:00, una vez terminada la jornada de trabajo. Ni en Irlanda ni en los EEUU tuve nunca problema para hacer eso. Y tampoco acierta uno a entender porqué las tutorías con los maestros han de realizarse siempre el mismo día de la semana y a las 17:00 como muy tarde.

En fin, que la tan traída y llevada reforma de la Administración sigue siendo tan necesaria en el año 2009 como ya lo era durante la transición. Parece mentira que en más de treinta años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar las prácticas de la Administración para ponerlas al servicio del ciudadano. Tantos años después, sigue siendo una prioridad a la que nadie presta atención pese al clamor de la calle.

Víctimas del terrorismo sin cobrar indemnización: la trágica cara de la ineficiencia de las Administraciones Públicas.

Mientras leía hoy la prensa digital, me encuentro con una noticia publicada por El País en la que se nos hace saber que el Ministerio del Interior acaba de localizar un total de 389 víctimas del terrorismo de ETA que aún no han cobrado indemnización alguna y me asaltan varias dudas al respecto. En primer lugar, llama la atención que tantas víctimas ignoren su derecho a una indemnización del Estado en caso de ser víctimas del terrorismo. ¿Acaso no se habla lo suficiente sobre el tema en los medios de comunicación? ¿O puede ser, quizás, que las asociaciones de víctimas del terrorismo no están tanto al servicio de todas las víctimas, sino tan sólo de las que han decidido asociarse? Por lo que leo en la citada noticia, todo parece indicar que lo segundo va más encaminado, por inmoral y escandaloso que parezca. De hecho, leo textualmente lo siguiente:

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo inició una investigación y concluyó que a 11 heridos directos, algunos graves, en el atentado de Hipercor, no se les había notificado las sentencias penales, la última del 23 de julio de 2003, como víctimas de atentados. Estas personas no tenían representación en el proceso y nadie les comunicó sus derechos. Ni la Audiencia Nacional ni el Gobierno de entonces ni las asociaciones de víctimas lo hicieron porque no estaban asociados.

Más claro, agua. No obstante, puesto que entiendo perfectamente que El País tampoco ha de ser un medio necesariamente neutral e independiente cuando se trata de estas cosas, me reservaré mi opinión con respecto a la responsabilidad que puedan tener las asociaciones de defensa de las víctimas del terrorismo en este desaguisado. A lo mejor debieran gastar menos energías en estrategias partidistas (en otras palabras, haciéndole el juego al PP, para hablar claro) y preocuparse más de prestar servicios a las víctimas del terrorismo.

En cualquier caso, hay otro asunto que me parece muchísimo más importante. ¿Cómo es posible que el Estado desconozca la existencia de tantas víctimas del terrorismo? ¿Tal es el desbarajuste dentro de la Administración Pública que nadie es capaz de tomar nota de aquellas personas que han sufrido algún tipo de heridas como consecuencia de un ataque terrorista? Es más, ¿qué Administración tenemos que espera a que sean las víctimas quienes tomen la iniciativa en este tipo de situación, en lugar de ser el Estado mismo quien facilite las cosas y se encargue no ya de identificar a las víctimas y sus familiares, sino también de llevar a cabo todas las gestiones de forma rápida y eficaz, especialmente teniendo en cuenta las difíciles circunstancias por las que deben estar pasando los implicados? ¿O es que nos parece lógico que se lancen, después de sufrir el atentado, al masoquista laberintoen que suele convertirse cualquier gestión administrativa en nuestro país? La parte final de la noticia me parece especialmente vergonzosa:

Aunque la legislación española exige a los destinatarios de las indemnizaciones como víctimas del terrorismo que la soliciten previamente —los plazos máximos son de un año después del atentado y de seis meses, tras la sentencia—, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo interpretó que los derechos de las 11 víctimas de Hipercor no habían caducado porque nadie les había informado de los mismos. Consultada la Abogacía del Estado, respaldó dicha interpretación.

Esta oficina de Víctimas dedujo que si 11 heridos del ataque de Hipercor, pese a la notoriedad pública del atentado, desconocían sus derechos y no habían percibido indemnización, habría otros muchos casos similares, por lo que puso en marcha el programa de localización de víctimas en colaboración con la Audiencia Nacional.

En fin, que el hecho de que nadie informe a las víctimas del terrorismo de sus derechos parece de lo más normal. Cierto, los individuos afectados podían haber tomado la iniciativa. Pero algo me dice que lo menos que debe esperarse en una sociedad civilizada es precisamente que le ahorremos a las víctimas de la violencia de cualquier tipo el mal trago de tener que ir de ventanilla en ventanilla informándose de cuáles son sus derechos, especialmente cuando no cuesta nada hacer las cosas bien. Todo parece indicar que la reforma de la Administración sigue siendo hoy tan necesaria como cuando se discutía sobre ella por primera vez durante nuestra transición a la democracia. Es más, debiera convertirse en elemento principal de un socialismo de nuevo cuño, un socialismo ciudadano, cercano a la calle, preocupado por el servicio que se presta a través de los distintos niveles de nuestra Administración. Se trata de una reforma que se ha pospuesto demasiadas veces, casi siempre por el temor que infunden unos funcionarios muy bien organizados en la defensa de sus intereses corporativos.