El PSM boicotea los actos del 11-M.

Leíamos ayer en la prensa digital que el PSM había boicoteado los actos del 11-M organizados por la Comunidad de Madrid. Aún entendiendo las razones que han llevado a los compañeros de Madrid a tomar esta decisión (el vergonzoso carpetazo que Esperanza Aguirre ha dado a la comisión de investigación sobre el escándalo del espionaje en su Comunidad), he de reconocer que no comparto para nada sus conclusiones. Es más, creo que los compañeros del PSM han cometido un enorme error de cálculo. Un acto dedicado a las víctimas del brutal atentado terrorista del 11-M no debiera convertirse jamás en excusa para lanzarse puyas entre unos y otros, sino que debiera tomarse más bien como la ocasión de demostrar ante los ciudadanos que quienes nos dedicamos a la política somos capaces de poner nuestras diferencias al margen cuando así lo requieren los intereses de la comunidad. Con esta decisión, el PSM ha demostrado bien a las claras su incapacidad para ver más allá de las mezquinas disputas partidistas, poniendo los intereses generales por encima de todo. El hecho de que Esperanza Aguirre se haya comportado con la intolerante arrogancia que le caracteriza no es óbice para que nosotros hagamos lo correcto. Y, como digo, creo que en este caso nos hemos equivocado y convendría rectificar públicamente. Para dignificar la política y demostrar que realmente somos una alternativa de gobierno debemos, en primer lugar, comportarnos con una generosidad de espíritu que nos ha faltado en este momento.

Políticas económicas socialdemócratas.

Tanto se ha venido escribiendo en los últimos tiempos sobre la necesidad de regular la actividad económica y desarrollar una política económica socialdemócrata que venga a poner fin a los excesos de la época neoliberal que, mucho me temo, corremos el riesgo de que el péndulo avance demasiado en la dirección opuesta. O, para ponerlo en otros términos, me da la impresión de que mucha gente habla de políticas socialdemócratas cuando en realidad quieren decir estatismo. Son sobre todo los sectores próximos a Izquierda Unida y algunos sindicatos los que están tratando de aprovecharse de las duras circunstancias económicas por las que atravesamos para darle la vuelta a las manecillas del reloj y devolvernos a unos tiempos en los que el dinero caía del cielo y la igualdad imperaba en nuestras sociedades, o al menos así aparecen en su febril imaginación. Yo, por el contrario, pienso que debemos andarnos con cuidado en estos momentos. Una crisis es, sin lugar a dudas, la oportunidad de llevar a cabo los cambios que en tiempos mejores suelen aplazarse y sentar las bases para las próximas décadas, pero precisamente por ello es algo que debemos afrontar también con cierta responsabilidad, sin dejarnos llevar por demagógicos cantos de sirena y, sobre todo, siendo perfectamente conscientes de que la máxima según la cual "todo tiempo pasado siempre fue mejor" no suele ser sino un camelo.

Veamos, ¿en qué consiste una política económica socialdemócrata? Según me parece, tiene los siguientes rasgos distintivos:

1. Reconocimiento de los límites del mercado como mecanismo para alcanzar nuestros objetivos como comunidad política. Digámoslo alto y claro, y digámoslo ya: el sistema de libre mercado ha probado ser, por el momento, el menos malo de los sistemas económicos. No podemos descartar la posibilidad de que en el futuro pueda aparecer una mejor manera de organizar nuestros recursos, pero de momento tenemos lo que tenemos. Cualquier intento de construir una alternativa al libre mercado durante el siglo XX ha acabado en fracaso estrepitoso en todos los frentes, no sólo en el económico, sino también en el político (con la construcción de algunos de los regímenes totalitarios más opresivos y criminales que haya visto la Humanidad). Conviene no olvidar las lecciones de la Historia, por más que nuestros comunistas se empeñen en hacer borrón y cuenta nueva echando mano ahora del experimento chavista en Venezuela, como si todos tuviéramos a mano las reservas de petróleo de que disfrutan allí y como si no se viera venir ya dónde puede acabar todo dentro de unos años si Chávez llega alguna vez a perder unas elecciones democráticas. Sin embargo, y pese a todo ello, no queda más remedio que reconocer que el libre mercado es un mecanismo autónomo que no entiende de valores humanos. Se fundamenta en un sistema de retroalimentación que ofrece los beneficios de su enorme adaptabilidad y eficiencia, pero que no acierta a ver más allá del mero provecho económico. Dudo mucho, sin embargo, que haya muchos partidarios entre nosotros de someter la vida humana a criterios de eficiencia económica sin más ni más. Estoy convencido de que ni siquiera los partidarios del liberalismo económico estarían dispuestos a afirmar eso de forma tan tajante. Las comunidades políticas se basan en una serie de supuestos y valores compartidos de una naturaleza bien distinta. Conceptos como el de tolerancia, igualdad o justicia le son completamente indiferentes al sistema de mercado. Sencillamente, no computan. No son cuantificables. Se trata de conceptos filosóficos, artificialmente creados por el ser humano, valores nuestros que no tienen existencia siquiera en la naturaleza física que nos rodea. Pese a todo, no sería posible construir una comunidad política decente sin afirmarlos, defenderlos y potenciarlos. Ahí es donde entra en juego el concepto de regulación: el Estado, como representante de la comunidad en su conjunto establece unas reglas básicas del juego que regularán la actividad económica y social de todos los agentes sociales, y estas reglas son precisamente la expresión de esos valores fundamentales que consideramos vitales como comunidad.
   
2. El Estado es el encargado de marcar los objetivos últimos del sistema económico, como componente que es de un ente mayor que le precede, la comunidad política. Es decir que, lejos de permitir que los agentes económicos actúen siempre según su libre albedrío, el Estado interviene para establecer los objetivos últimos de la actividad económica, al igual que sucede en otros ámbitos. Y, cuidado, porque esto no quiere decir que el Estado haya de inmiscuirse en la actividad cotidiana de los agentes económicos, planificando su comportamiento del día a día. Simplemente, se limita a establecer un objetivo final, a liderar en el sentido no de ordenar, sino en el de proveer de una visión a largo plazo. De lo contrario, se cae bien en el economicismo puro y duro del neoliberalismo, construyendo un Golem autónomo que no entiende de preocupaciones ni valores humanos (es decir, lo que hemos tenido en los últimos veinte o treinta años), o bien en la planificación totalitaria que no deja resquicio a la libertad individual (en otras palabras, el comunismo). La política socialdemócrata no cree en un extremo ni en el otro, sino que apuesta por un sabio término medio, por la mesura y el sentido común de los valores humanos frente al economicismo y la libertad individual frente al comunismo.
   
3. Desarrollo de políticas de igualdad y políticas sociales. En línea con lo escrito anteriormente, los socialdemócratas creemos en la necesidad de fomentar ciertos valores que nos parecen fundamentales para la existencia de una sociedad saludable. Pues bien, la igualdad de oportunidades es uno de esos valores fundamentales, objetivo esencial de nuestras políticas. Para desarrollarlo, llevamos a cabo políticas sociales de extensión de derechos y servicios que pueden tomar (de hecho, han de tomar) formas diferentes según las circunstancias, según la historia de cada comunidad política y, sobre todo, según los tiempos. En ese sentido, lo que importa es el objetivo final (la igualdad de oportunidades) y no el mecanismo concreto por el que optemos para llevarlas a cabo. Esto último es algo meramente circunstancial, algo que se adaptará siempre al contexto en que nos toque vivir.
   

Una vez establecido todo esto, se me puede decir con toda la razón del mundo que la democracia cristiana afirma unos valores similares, si no idénticos. Cierto. Después de todo, no hay que olvidar que el Estado del Bienestar es obra precisamente del consenso alcanzado entre socialdemócratas y democristianos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que las líneas fundamentales de política económica aquí descritas no nos pertenecen a nosotros solos. Pero, lejos de preocuparme, ello no hace sino convencerme aún más de que seguramente se trate de la política adecuada. Cuando socialdemócratas, democristianos y aquellos que defienden el llamado liberalismo social coinciden todos ellos en una política determinada frente a la defendida por quienes se encuentran en los extremos (es decir, el neoliberalismo y el comunismo), debe ser precisamente que estamos en el buen camino. En política, como en muchas otras cosas (pero sobre todo en política), me parece que el justo medio que defendiera Aristóteles es lo más razonable, siempre y cuando se conciba éste de una forma amplia y no como centro geométrico y equidistante. En otras palabras, que creo en el centro como zona o área, más que como punto. En todo caso, me perocupa bien poco con quién pueda coincidir en una opinión si la considero correcta. Sólo los fanáticos del anti-todo prestan atención a esas cosas.

¿Pero a qué vienen todas estas reflexiones? Pues precisamente al hecho de que, como indicaba al principio del todo, veo un cierto peligro a simplificar las políticas socialdemócratas en el actual estado de cosas. Corremos el peligro de pasar de un liberalismo salvaje donde la sacrosanta mano invisible lo es todo a otro dogmatismo no menos peligroso donde es el intervencionismo estatal el que nos va a sacar las castañas del fuego. Hay que tener mucho cuidado porque, como digo, ni una posición ni la otra me parece correcta. Lo que hay que perseguir, más bien, es una política que acierte a combinar las dosis necesarias de regulación e iniciativa estatal con el dinamismo, la innovación y la flexibilidad que sólo el sector privado puede aportar. En eso consiste una política sensata a principios de este siglo XXI que nos ha tocado vivir.

Víctimas del terrorismo sin cobrar indemnización: la trágica cara de la ineficiencia de las Administraciones Públicas.

Mientras leía hoy la prensa digital, me encuentro con una noticia publicada por El País en la que se nos hace saber que el Ministerio del Interior acaba de localizar un total de 389 víctimas del terrorismo de ETA que aún no han cobrado indemnización alguna y me asaltan varias dudas al respecto. En primer lugar, llama la atención que tantas víctimas ignoren su derecho a una indemnización del Estado en caso de ser víctimas del terrorismo. ¿Acaso no se habla lo suficiente sobre el tema en los medios de comunicación? ¿O puede ser, quizás, que las asociaciones de víctimas del terrorismo no están tanto al servicio de todas las víctimas, sino tan sólo de las que han decidido asociarse? Por lo que leo en la citada noticia, todo parece indicar que lo segundo va más encaminado, por inmoral y escandaloso que parezca. De hecho, leo textualmente lo siguiente:

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo inició una investigación y concluyó que a 11 heridos directos, algunos graves, en el atentado de Hipercor, no se les había notificado las sentencias penales, la última del 23 de julio de 2003, como víctimas de atentados. Estas personas no tenían representación en el proceso y nadie les comunicó sus derechos. Ni la Audiencia Nacional ni el Gobierno de entonces ni las asociaciones de víctimas lo hicieron porque no estaban asociados.

Más claro, agua. No obstante, puesto que entiendo perfectamente que El País tampoco ha de ser un medio necesariamente neutral e independiente cuando se trata de estas cosas, me reservaré mi opinión con respecto a la responsabilidad que puedan tener las asociaciones de defensa de las víctimas del terrorismo en este desaguisado. A lo mejor debieran gastar menos energías en estrategias partidistas (en otras palabras, haciéndole el juego al PP, para hablar claro) y preocuparse más de prestar servicios a las víctimas del terrorismo.

En cualquier caso, hay otro asunto que me parece muchísimo más importante. ¿Cómo es posible que el Estado desconozca la existencia de tantas víctimas del terrorismo? ¿Tal es el desbarajuste dentro de la Administración Pública que nadie es capaz de tomar nota de aquellas personas que han sufrido algún tipo de heridas como consecuencia de un ataque terrorista? Es más, ¿qué Administración tenemos que espera a que sean las víctimas quienes tomen la iniciativa en este tipo de situación, en lugar de ser el Estado mismo quien facilite las cosas y se encargue no ya de identificar a las víctimas y sus familiares, sino también de llevar a cabo todas las gestiones de forma rápida y eficaz, especialmente teniendo en cuenta las difíciles circunstancias por las que deben estar pasando los implicados? ¿O es que nos parece lógico que se lancen, después de sufrir el atentado, al masoquista laberintoen que suele convertirse cualquier gestión administrativa en nuestro país? La parte final de la noticia me parece especialmente vergonzosa:

Aunque la legislación española exige a los destinatarios de las indemnizaciones como víctimas del terrorismo que la soliciten previamente —los plazos máximos son de un año después del atentado y de seis meses, tras la sentencia—, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo interpretó que los derechos de las 11 víctimas de Hipercor no habían caducado porque nadie les había informado de los mismos. Consultada la Abogacía del Estado, respaldó dicha interpretación.

Esta oficina de Víctimas dedujo que si 11 heridos del ataque de Hipercor, pese a la notoriedad pública del atentado, desconocían sus derechos y no habían percibido indemnización, habría otros muchos casos similares, por lo que puso en marcha el programa de localización de víctimas en colaboración con la Audiencia Nacional.

En fin, que el hecho de que nadie informe a las víctimas del terrorismo de sus derechos parece de lo más normal. Cierto, los individuos afectados podían haber tomado la iniciativa. Pero algo me dice que lo menos que debe esperarse en una sociedad civilizada es precisamente que le ahorremos a las víctimas de la violencia de cualquier tipo el mal trago de tener que ir de ventanilla en ventanilla informándose de cuáles son sus derechos, especialmente cuando no cuesta nada hacer las cosas bien. Todo parece indicar que la reforma de la Administración sigue siendo hoy tan necesaria como cuando se discutía sobre ella por primera vez durante nuestra transición a la democracia. Es más, debiera convertirse en elemento principal de un socialismo de nuevo cuño, un socialismo ciudadano, cercano a la calle, preocupado por el servicio que se presta a través de los distintos niveles de nuestra Administración. Se trata de una reforma que se ha pospuesto demasiadas veces, casi siempre por el temor que infunden unos funcionarios muy bien organizados en la defensa de sus intereses corporativos.

Nuevo Comité Local en nuestra Agrupación.

Desde hace un par de semanas, tenemos un nuevo Comité Local en la Agrupación Local del PSOE de Bellavista (Sevilla). La candidatura en la que iba yo como Secretario de Organización y Administración obtuvo más del 74% de los votos y, en principio, afronta los próximos cuatro años con la suficiente tranquilidad y una amplia mayoría, lo cual debiera permitirnos reconstruir y relanzar la Agrupación en el barrio, que ya llevaba varios años de capa caída. Somos en total 22 miembros comprometidos con la transformación del partido y del barrio en su conjunto, convencidos de que necesitamos organizarnos de una forma bien distinta para tener presencia en la calle y acertar a canalizar las reivindicaciones ciudadanas a través de las instituciones democráticas en las que contamos con representantes. De entrada, hemos eliminado la tradición de realizar interminables reuniones del pleno del Comité Local todas las semanas, sustituyéndolas por una organización en áreas de trabajo coordinadas por ciertas Secretarías con plena delegación de funciones. Asimismo, la potenciación de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo ha pasado a ocupar también un lugar prioritario en nuestra lista de objetivos. En fin, que ya va siendo hora de ponerse manos a la obra y demostrar que de verdad se puede construir otro Partido Socialista con auténtica presencia local. En ello estamos.

Convocatoria para el día siguiente o el paradigma de lo impresentable.

Seguramente, hubo un tiempo en que el ciudadano de a pie hasta tuvo la esperanza de que quienes se encargaban de dirigir nuestros partidos políticos tuvieran una mínima preparación y fueran capaces de saber organizar las cosas con eficacia y eficiencia. Pero eso, si alguna vez sucedió, fue hace ya muchísimo tiempo. Hoy, por el contrario, todo el mundo sabe ya qué se cuece en las altas esferas y cómo se llega ahí, por lo que son bien pocos los que hacen gala de tanta ingenuidad. Más bien al contrario, el ciudadano asume que los partidos políticos están repletos de enchufados que se han ganado el puesto no por méritos propios, sino haciéndole seguidismo al jefe. Y lo más triste de todo es que, visto lo visto, a uno le quedan pocos argumentos con los que contrarrestar dichas opiniones, la verdad. De muestra, un botón: quienes representan a las Agrupaciones Locales de la capital recibieron el pasado viernes una invitación de la Secretaria de Organización convocándoles a asistir a la reunión del Comité Ejecutivo Provincial... al día siguiente. Se me ocurren muchas ideas sobre dicha convocatoria, pero ninguna de ellas es muy positiva.

Veamos. En primer lugar, enviar la convocatoria de una reunión que va a tener lugar el día después de cursada representa una enorme falta de consideración. Indica, entre otras cosas, que no se tiene respeto alguno por el tiempo del militante al que se envía la convocatoria. Se asume, de hecho, que el receptor de la invitación ha de sentirse tan halagado por la misma que procederá inmediatamente a cambiar toda su agenda para el sábado, llueva, nieve o granice. Pero es que, además, demuestra la poca importancia que se concede a la compaginación del trabajo, la militancia y la familia, por más que la idea siempre esté presente en los discursitos. Como de costumbre, a quienes más prejudica dicha actitud es precisamente a las mujeres, que siguen encargándose de una parte desproporcionada de las tareas domésticas, desgraciadamente.

Pero es que, segundo, el comportamiento aquí reseñado demuestra una concepción autoritaria y arcaizante del poder, pues entiende que el militante de base (incluso el representante de las Agrupaciones Locales en el Comité Ejecutivo Provincial) está a mandar, plenamente supeditado al antojo de la dirección. En otras palabras, que demuestra una concepción piramidal del poder en la que el representante se limita a cumplir lo que le indiquen desde arriba, supeditado a lo que se decida en las altas esferas. Ni que decir tiene que esta actitud deja entrever una filosofía poco democrática de la vida interna del partido, en la que la dirección asume y dispone, y el resto de la "tropa" sigue las órdenes. Se trata, evidentemente, de un modelo organizativo piramidal, en el que la información fluye siempre de arriba abajo.

Por último, no sé si se han parado siquiera a pensar en el hecho de que convocatorias de última hora como ésta (de hecho, como casi todas las que hacen) distorsionan el proceso de democracia representativa hasta hacerlo irreconocible. Sencillamente, ¿qué representante tiene tiempo para discutir con sus compañeros de Agrupación los puntos del orden del día que se van a tratar en el Comité Ejecutivo Provincial si recibe la convocatoria con menos de 24 horas de antelación? Ni que decir tiene que el representante en cuestión sólo podrá representarse a sí mismo en los debates que tengan lugar. ¿Cómo va a poder llevar la voz de la Agrupación al Comité Provincial si ni siquiera se le ha informado del día, la hora, el lugar y los temas a discutir con la suficiente antelación? Se trata, obviamente, de una mascarada de democracia.

Soy perfectamente consciente de que el PSOE de la provincia de Sevilla está viviendo unos momentos difíciles en los que se está viendo un enfrentamiento muy duro entre dos sectores de la militancia (algo que, por otro lado, parece de lo más normal en el caso del PSOE de Sevilla, que casi parece estar abocado a este tipo de divisiones de forma eterna por algún tipo de castigo divino), y que lo más probable es que la invitación se haya cursado a última hora precisamente con la intención de que los representantes de las agrupaciones de la capital no acudan. Independientemente de que ello ya sea lo suficientemente serio como para ilustrar el nivel de conciencia democrática que puedan tener quienes dirigen el cotarro, lo verdaderamente triste es que incluso en aquellos casos en los que no hay tal división o confrontación interna se producen este tipo de incidentes. En fin, que la desorganización, la ineficiencia y la improvisación constantes se han asumido con tanta naturalidad que hay hasta quien lo ve como un rasgo del ser andaluz, un hecho del que estar orgulloso. No me cabe duda por ello que este tipo de vergonzoso comportamiento no se limite ni mucho menos a tal o cual "familia" o grupo de poder.

Los socialistas franceses eligen entre seis candidaturas por sufragio universal directo y secreto.

Comparado con el numerito de nuestro Congreso Provincial aquí en Sevilla —no entremos siquiera a valorar el proceso de elección de los comités locales, con gestoras y suspensiones de militancia incluidas—, resulta refrescante leer cómo se las arreglan los compañeros socialistas franceses para presentar nada menos que seis candidaturas diferentes de cara a su próximo congreso, que se celebrará la semana que viene. Es más, la noticia publicada por La Vanguardia se cierra con los siguientes dos párrafos que casi hacen que se me caiga la baba:

De aquí al congreso se espera que se lleven a cabo negociaciones para formar eventuales alianzas entre esas cuatro facciones para hacerse con el control de la formación socialista, y designar al próximo primer secretario, un puesto para el que Royal había dicho hace unas semanas que no pensaba presentarse.

Los militantes serán de nuevo los que elijan en otra votación el día 20 al sucesor de Hollande, que lleva once años al frente de la formación, y del que no se excluye que se presente como candidato socialista a las próximas presidenciales francesas, que deben celebrarse en 2012.

Ciertamente, no es oro todo lo que reluce, pero menos da una piedra. ¡Ya quisiera yo algo así aquí en España! Conversaciones de pasillo, todas las que se quiera. Negociaciones en salas cerradas, lo mismo. Acuerdos entre las distintas corrientes, ídem de ídem. Ahora sí, que los candidatos hagan campaña, debatan y se ganen el voto de los militantes uno a uno donde hay que ganárselos, en las urnas.

Aquí, con nuestro pesismismo vital de siempre, no faltan los compañeros que me han saltado con aquello de: "claro, es que en Francia estamos en la oposición, así que no me extraña que hagamos esto para motivar a las bases". A lo cual no queda sino responder con una pregunta obvia: ¿y en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia o La Rioja cuándo fue la última vez que gobernamos y no nos aplicamos el cuento? En fin, que más vale ponerse las pilas y hacer un esfuerzo por democratizar el partido y abrir las ventanas para que se airee porque, de lo contrario, pintan bastos, sobre todo ahora que se le ven las orejas al lobo de la recesión.

De ganadores, perdedores, la partitocracia dominante y la apatía ciudadana.

A nadie se le oculta que, desde que finalizara el Congreso Provincial del PSOE de Sevilla, las cosas no han ido nada bien en la capital andaluza. Como si se tratara de una guerra abierta, nadie se recata en hablar de "ganadores", "perdedores" y, por desgracia, hasta de "exigir responsabilidades" por el tremendo crimen de haber defendido opiniones distintas a las de la mayoría, responsabilidades que, como pueden imaginar, se extienden a perder el propio cargo, independientemente de cómo se haya estado ejerciendo durante los últimos años. Tenemos, así, en primer lugar, la destitución de Demetrio Pérez como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla independientemente, como venía diciendo, de su gestión al frente de dicho cargo. En otras palabras, que se le castiga no por no haber rendido lo suficiente o por haber cometido error alguno en su gestión como delegado —habitualmente, y esto ya es triste, eso no se considera motivo suficiente para la destitución de nadie, siempre y cuando se posicionen correctamente en lo que respecta a las luchas internas por el poder—, sino que se le castiga por el imperdonable pecado de haberse propuesto como candidato alternativo a la Secretaría General del PSOE sevillano. De la misma forma, hacer uso de su derecho democrático a la libertad de expresión y de voto le ha costado el cargo también a Matilde Marín en la Diputación Provincial. A lo mejor éstos intentan instaurar ahora una nueva práctica política desconocida en las democracias avanzadas: el destierro del perdedor. Si es así, propongo que se envíe al exilio inmediatamente a todo aquel desgraciado que se haya atrevido a presentarse como candidato y haya perdido (por ejemplo, Arenas; por ejemplo, Rajoy; o, por ejemplo, nuestro propio Felipe González, que perdió en su momento frente a Aznar y sus huestes). Nada de trabajo y nada de mentenerles en nuestra sociedad con una tolerancia que claramente no se merecen, pues no cuentan con el apoyo de la mayoría. ¡Al exilio con ellos!

Pero ahí no ha quedado la cosa. El despropósito hay ido mucho más allá. Además de eliminar a todo aquel que haya cometido el error de posicionarse donde buenamente ha creído conveniente -como se supone que debemos hacer todos en una democracia- también se ha lanzado una operación contra el PSOE de la capital y el Ayuntamiento para obligarles a que sigan a pies juntillas lo que se indique desde el Provincial. Parece que, una vez más, se está confundiendo ganar un congreso con un "ordeno y mando" que todos pensábamos había quedado ya enterrado y bien enterrado. A tal punto ha llegado el descontrol que hasta Chaves ha tenido que hacer unas declaraciones advirtiendo sobre los problemas que nos pueden acarrear tanta rencilla interna.

A ver si podemos entendernos. El Congreso Provincial lo ha ganado clarísimamente el llamado sector oficialista, liderado por José Antonio Viera. De eso no cabe la menor duda y no queda más remedio que aceptarlo democráticamente, se piense lo que se piense de la forma en que se ha ganado o, más importante aún, del hecho de que ni siquiera se dio la posibilidad a que hubiera una opción alternativa. Esto quiere decir que la política del Partido Socialista en lo que respecta a la provincia de Sevilla queda en manos del nuevo Comité Ejecutivo y su Comisión Ejecutiva Provincial. Ahora bien, quede claro que estamos hablando de la política socialista con respecto a la provincia, y no con respecto a todos y cada uno de sus pueblos y capitales. Que yo sepa, de la misma manera que hay un Congreso Provincial encargado de establecer las políticas a dicho nivel administrativo, así como de elegir los órganos representativos del partido en el marco de la provincia, también existen agrupaciones locales y municipales cuya función es elaborar las políticas y elegir los equipos a sus niveles respectivos. En otras palabras, el PSOE jamás ha aprobado documento alguno imponiendo el centralismo democrático de ominosa tradición comunista, que establece una clara jerarquía cuasi-militar en la que los órganos superiores marcan la pauta a seguir y los órganos inferiores (incluyendo a los militantes) se limitan a seguir las órdenes. Sencillamente, ése no es el Partido en que creemos los socialistas, aunque algunos parezcan conservar cierto tufillo marxistoide de su época de flirteos revolucionarios en la Joven Guardia Roja.

Se dice, se cuenta, se afirma sin rubor alguno tanto por los pasillos como por los medios de comunicación que el Provincial tiene el derecho a decidir quién pueda ser portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. No, mire usted, no. No sé si se habrá dado cuenta de lo que el nombre del cargo en sí indica, pero resulta que este portavoz no representa al PSOE de la provincia de Sevilla, sino al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. ¿En qué lógica base usted la propuesta de que se le pueda nombrar a dedo desde la sede provincial sin que el propio Grupo Municipal Socialista ni todas y cada unas de las agrupaciones locales de la capital tengan nada que decir al respecto? ¿Acaso no representa ese portavoz a los votantes socialistas en la capital? ¿Cómo puede concebirse que ni los militantes del PSOE de la capital ni los votantes socialistas de la misma circunscripción tengan derecho a decidir al respecto, mientras que un militante del PSOE de Coria es quien se encarga de nombrarle a dedo? ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Tenemos clara la diferencia entre partido e instituciones? ¿Sabemos distinguir representación orgánica de representación ciudadana? Al parecer no.

En todo caso, a mí lo que más me preocupa es que ni unos acepten el hecho de que la mayoría de militantes socialistas ha votado por Viera en el reciente Congreso Provincial ni tampoco los otros admitan que la mayoría de militantes socialistas de la capital hayan optado por otra línea. En fin, que la conciencia democrática brilla por su ausencia, sobre todo en lo que hace al respeto por la discrepancia de pareceres. Pero aún más preocupante creo que es el desprecio que se muestra por la representatividad ciudadana o la extremada confusión en que se cae continuamente entre los ámbitos orgánicos del partido y las instituciones democráticas. Sencillamente, no podemos justificar una partitocracia en la que los aparatos internos de los partidos hacen y deshacen en las instituciones como les viene en gana. Ya va siendo hora de que unos y otros se sienten a hablar y lleguen a un acuerdo sobre las líneas maestras de la estrategia socialista en el Ayuntamiento de Sevilla durante los próximos años. De lo contrario, mucho me temo que perdemos en 2011. O, aún peor, profundizamos en el sentimiento de apatía que embarga ya a muchos sevillanos y sevillanas, viendo como ven tan a las claras que hasta el portavoz de su grupo municipal o el mismísimo candidato a Alcalde no se elige al nivel que debiera, sino que se deja al albur de cargos internos de los partidos sobre los que, obviamente, el votante no tiene ni voz ni voto. La partitocracia llevada a su extremo. La desilusión de los ciudadanos con respecto a las instituciones, los partidos y los políticos, igualmente llevada a un extremo.